"En Guatemala es difícil hacer reformas profundas porque los grupos de interés han recuperado el poder"

El abierto conflicto entre el gobierno de Guatemala y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala - CICIG, ha generado episodios de golpes y contragolpes dentro del país centroamericano y repercusiones a nivel diplomático. El último de estos ha sido el pronunciamiento de la Embajada de Estados Unidos sobre la disposición del Presidente Morales de dar por concluido unilateralmente el acuerdo nacido del pacto entre el Estado guatemalteco y la ONU para luchar contra la corrupción en un país cuyo gobierno fue por años tomado por fuerzas criminales. 

Edgar Ortiz Romero, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, nos explica en esta entrevista el desarrollo de las divergencias entre ambos actores y el panorama político actual en Guatemala. 

1.- Para entender un poco más de la actual situación política guatemalteca ¿Cómo fue la transición del gobierno del ex Presidente Otto Pérez Molina al del actual mandatario, Jimmy Morales?

Fue una transición atípica porque el periodo presidencial 2012-2016 lo finalizó Alejandro Maldonado Aguirre, electo por el Congreso como vicepresidente tras la renuncia de Roxana Baldetti y que subió a la presidencia tras la renuncia y posterior enjuiciamiento de Otto Pérez Molina.

Jimmy Morales recibió un país descontento con la clase política y con una victoria abrumadora en las elecciones de 2015. Su primer problema de gobernabilidad lo experimentó el día de la toma de posesión cuando el partido de oposición tomó control de la Junta Directiva del Congreso. La bancada oficial apenas rebasaba una decena de diputados mientras que el partido UNE, de oposición, tenía más de treinta. Tiempo después la bancada oficial se nutrió de tránsfugas de otros partidos.

2.- ¿Qué es la CICIG y por qué Guatemala impulsó su creación?

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es una entidad que surge de un acuerdo entre la Secretaría de las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala cuyo propósito es colaborar en la identificación y desarticulación de “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad” (CIACS). Este concepto se refiere a grupos criminales que operan con agentes del Estado.

La CICIG opera como un querellante adhesivo junto con el Ministerio Público (MP) y brinda apoyo técnico a ésta para su fortalecimiento.

Durante la presidencia de Alfonso Portillo (2000-2004) hubo un intento de crear algo similar que se denominó CICIACS pero una opinión consultiva desfavorable de la Corte de Constitucionalidad acabó con la iniciativa. 

Fue el Estado de Guatemala quien pidió el auxilio a Naciones Unidas durante la presidencia de Oscar Berger (2004-2008) cuando este gobierno se dio cuenta que la penetración de estos grupos de crimen organizado estaba enraizada en el Estado y hacía imposible conducir la cosa pública en esas condiciones. Corrigieron las deficiencias jurídicas de la fallida CICIACS y así nació la CICIG.

El Presidente Jimmy Morales y el comisionado de la CICIG, Iván Velasquez, antes de las divergencias entre el gobierno y la entidad de la ONU

Foto: Diario República de Guatemala. 

3.- ¿Cómo se inició el enfrentamiento entre Morales y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala?

Todo comenzó a comienzos del 2017 cuando la CICIG y el Ministerio Público formularon cargos criminales en contra de Samuel Morales (hermano del presidente) y José Manuel Morales (hijo del presidente) por el delito de fraude. La acusación se refería a hechos ocurridos antes de la presidencia de Jimmy Morales.

En realidad el caso surge como consecuencia de la declaración de un testigo dentro de otro caso de corrupción que el Ministerio Público y CICIG habían encontrado en el Registro de la Propiedad. Desde ese momento las relaciones entre CICIG y el presidente Morales, nunca fueron las mismas.

4.- ¿El conflicto del gobierno con la CICIG ha dividido a la población guatemalteca? ¿El gobierno de Morales se ha desligitimado con su accionar frente a la CICIG?

No tengo claro que exista una división en la población guatemalteca en su conjunto. Algunas encuestas de consultoras como Tendencias Globales y Politik de finales de 2018 arrojaban que la CICIG tenía una aprobación cercana al 70% y el presidente Morales una aprobación menor al 20%.

Pienso que el gobierno ha perdido legitimidad con buena parte de la población porque se ha valido en muchos casos de instrumentos ilegales para combatir a la CICIG. En 2017 intentó declarar persona non grata al Comisionado de CICIG, el colombiano Iván Velásquez, y la Corte de Constitucionalidad declaró que el acto era ilegal y lo dejó sin efecto. A finales de agosto de 2018 emitió una orden que prohibía el ingreso al país del Comisionado y nuevamente la Corte falló que el acto era ilegal. Ahora, empezando el 2019, el presidente anunció que el Estado de Guatemala daba por terminado de forma unilateral el Acuerdo de CICIG. Seguramente la Corte volverá a determinar la ilegalidad de esa actuación porque viola las prácticas reconocidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y por lo tanto lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución.

5.- ¿Como resumiría estos 3 años de Presidencia de Jimmy Morales?

Ha sido una presidencia que ha ido de más a menos. No es que lo más haya sido para tirar cohetes, pero el deterioro de las instituciones bajo su mandato ha sido notable. Al principio Morales intentó rodearse de un gabinete de gente con trayectoria, pero en la medida que la prioridad del gobierno fue acabar con CICIG, se deshizo de muchos de ellos y procuró rodearse con gente que fuera leal a su causa.

No se trata de pensar que la CICIG es la panacea a los problemas del país. El asunto está en que Morales solo ha manifestado su combate frontal a la CICIG, pero jamás ha ofrecido una alternativa para resolver el tema de la captura del Estado y la corrupción.

Por si fuera poco, en 2016 se intentó discutir una reforma a la Constitución orientada a fortalecer el sistema judicial. Se proponía modificar los mecanismos de nombrar a las altas cortes para dotarlas de mayor independencia. Morales estuvo ausente en esas discusiones y las reformas murieron en un Congreso de la República plagado de impresentables.

La sensación que uno se lleva es que Guatemala tenía una oportunidad de oro después de lo sucedido en 2015 para hacer las reformas profundas al Estado que son necesarias para fortalecer las instituciones. La oportunidad se fue y Morales fue un rehén del crimen organizado y ahora es muy difícil hacer las reformas antes mencionadas porque los grupos de interés han recuperado el poder.

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Edgar Ortíz Romero, guatemalteco, es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y Máster en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es docente universitario, columnista en el diario digital RepúblicaGT y participa como analista en varios medios de comunicación en Guatemala. Actualmente es director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo.